En esta foto del lunes 4 de diciembre de 2017, la nicaragüense Yahaira Castaño posa para un retrato en Boca Ratón, Florida. Castaño, de 43 años, ha vivido en Estados Unidos por caso 20 años bajo el amparo del TPS, un estatus de protección temporal. Ahora, el gobierno del presidente Trump ha cancelado ese programa para nicaragüenses y haitianos, y ahora Yahaira está aterrorizada por su futuro. EFE

MIAMI

La nicaragüense Yahaira Castaño está aterrorizada. Después de vivir casi dos décadas legalmente en Estados Unidos, de haber escalado en su trabajo y de haber comprado una casa y un automóvil, ahora teme perderlo todo. Y además, ser deportada por los cambios que en un año de gobierno ha realizado el presidente Donald Trump.

“Siento miedo. ¿Qué voy a hacer?”, expresó Yahaira con lágrimas en los ojos al recordar que el gobierno canceló recientemente el estatus que le concedió residencia provisoria y permiso de trabajo desde 1999. “Nos quitaron todo”, dijo la mujer de 43 años.

Al igual que Yahaira, miles de extranjeros que han gozado de un estatus que los protegió temporalmente de la deportación comenzaron a sentir este año los efectos de la política migratoria de Trump. Su gobierno está poniendo fin a resguardos que les concedieron casi los mismos beneficios que a cualquier estadounidense: una residencia legal, permiso de trabajo y licencia de conducir.

Y ante el panorama que representa 2018 para estos inmigrantes, muchos, como Yahaira, se mentalizan a volver a vivir temerosos en las sombras para poder subsistir sin los derechos de los que gozaron y con la amenaza de ser repatriados.

Para muchos de ellos, esto significa trabajar y manejar sin autorización legal, convivir con un miedo permanente a ser arrestados y repatriados, percibir un salario mínimo en empleos poco calificados, no tener derecho a quejarse por malos tratos laborales ni poder acceder a un seguro de salud, entre otras cosas.

Trump, quien asumió en el poder en enero, prometió una política de inmigración de mano dura.

Las deportaciones de inmigrantes detenidos en territorio estadounidense aumentaron 37% entre enero y septiembre, y los arrestos subieron 40% comparados con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Policía de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE.

Aunque el presidente prometió focalizarse en inmigrantes que representan un riesgo público o una amenaza a la seguridad nacional, en 2017 también aumentaron 30% las detenciones de personas por violaciones a las leyes de inmigración, la mayor cantidad en los últimos tres años.

Los efectos de sus políticas han llegado incluso a quienes residían legalmente en el país.

Tal es el caso de Yahaira y el mexicano Isaac Montiel, protegido por más de cinco años por un programa del expresidente Barack Obama.

Trump canceló el TPS, un Estatus de Protección Temporal, que amparaba a Yahaira y a unos 5.300 nicaragüenses y casi 59.000 haitianos, que podrían quedar en el limbo cuando venza en los próximos meses su permiso legal de residencia y su autorización de trabajo.

La Casa Blanca, asimismo, puso fin a DACA, el programa que desde 2012 suspendió temporalmente la deportación de Isaac y unos 800.000 jóvenes traídos ilegalmente por sus padres cuando eran niños.

“Es algo muy preocupante, muy difícil para mí”, aseguró Isaac, de 28 años, que pudo escalar posiciones en su trabajo tras obtener DACA, ayudar financieramente a su madre, solicitar una beca y estudiar en el College of Technology de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

Para Gregory Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, la política de Trump busca “deportar a cuántas más personas sea posible”, sin considerar si los beneficiarios de DACA y TPS tienen raíces aquí, han abierto negocios, pagan impuestos o contribuyen a la economía de sus países con el envío de remesas.

“En lugar de enfocarse en personas que representan una amenaza para la sociedad, se dedica a expulsar a familias, niños y gente que ha vivido aquí mucho tiempo y contribuye al país”, dijo el abogado.

El TPS fue creado en 1990 para conceder permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

Trump debe aún definir qué hará con el TPS de unos 263.000 salvadoreños, que vence en marzo; y con el de unos 86.000 hondureños, en julio.

El gobierno ha concedido varios meses a quienes pierden el TPS para que preparen su salida del país o exploren otras alternativas de residencia legal. Activistas y expertos estiman, sin embargo, que muchos quedarán sin opción.

La Casa Blanca asegura que las condiciones en Nicaragua han mejorado lo suficiente desde el azote del huracán Mitch como para que los nicaragüenses regresen a su país natal. Sus funcionarios han manifestado que la protección de hondureños o salvadoreños tampoco está justificada.

“No podemos admitir a cada persona que quiere venir”, expresó en septiembre el secretario de Justicia, Jeff Sessions. “El país debe fijar e imponer un límite a la cantidad de inmigrantes que admitimos cada año”, dijo al hablar del sistema migratorio.

Yahaira, que llegó a Estados Unidos en 1996 y tiene plazo hasta enero de 2019 para irse o buscar una alternativa al TPS, permaneció poco más de dos años de manera ilegal. Recuerda lo que sufrió, pero prefiere eso a regresar a Nicaragua, donde sólo tiene familiares lejanos y teme ser discriminada por su condición de mamá lesbiana.

Cuando no tenía TPS, trabajaba colocando cercas de madera, cocinando y limpiando 17 horas al día. Compartía un apartamento de un ambiente con otras tres personas y tenía miedo al caminar por la calle.

“Ahora el miedo es más grande. Ahora sé las limitaciones que me voy a enfrentar”, expresó, tras mencionar la posible pérdida de su trabajo de 16 años como supervisora de limpieza porque no tendrá permiso laboral.

Si pierde su trabajo, dice, no podrá afrontar el pago de casi 3.000 dólares de la hipoteca de su casa ni la cuota mensual de su automóvil. Además, dice, ganaría unos 560 dólares semanales menos, tendría que conducir sin licencia, perdería su seguro médico y los beneficios jubilatorios, entre otras cosas.

Isaac, por su parte, también siente en carne propia el peso de las políticas de Trump.

El mexicano, quien vive en Nueva York y llegó a Estados Unidos ilegalmente con sus padres cuando tenía 13 años, teme que ahora que DACA fue cancelado quede truncado su sueño de trabajar como especialista en informática cuando se gradué de la universidad.

Si el Congreso no aprueba una ley que ayude a jóvenes como él, Isaac dice que se verá obligado a volver a trabajar ilegalmente como obrero de construcción a partir de octubre, cuando expira su permiso laboral. También perderá su licencia de conducir, que le allanó el camino para conseguir la pasantía que tiene como especialista informático.

Isaac intenta mantenerse optimista, pero también se plantea la posibilidad de regresar a México con su madre, quien reside ilegalmente en Estados Unidos.

“Me trae nervios y miedo pensar en eso porque no sé a lo que regresaríamos y las posibilidades que tendríamos allí de poder seguir adelante”, expresó.

Al anunciar el fin de DACA, Trump dijo que le corresponde al Congreso decidir qué va a pasar con los beneficiarios. Según activistas, más de cien jóvenes protegidos por el alivio migratorio pierden su permiso de trabajo cada día.

Se trata de un duro golpe que marca el final de una etapa y para muchos, incluida Yahaira, el inicio de la incertidumbre y la posibilidad de volver a vivir escondida.

“No sé qué voy a hacer”, dijo la nicaragüense. “Volvería a las sombras”.